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[27.03.08] La paradoja estadounidense: pese a su auge, el sector agrícola es
uno de los más protegidos
Por Lauren Etter y Greg Hitt
Con los precios de los granos por los cielos, los ingresos de los
agricultores en niveles récord y el déficit
presupuestario del gobierno estadounidense creciendo
cada vez más, se creería que los subsidios y ayudas a
los agricultores de Estados Unidos son vulnerables a
una purga.
Sin embargo, el sector agrario de ese país ha logrado, hasta el
momento, contener la campaña más radical en años por
reducir los miles de millones de dólares que el
gobierno le entrega cada año.
"En algún punto, tiene que preguntarse, '¿Tiene sentido esto para
los contribuyentes estadounidenses?'", se plantea el
representante en la Cámara por el Partido Demócrata
Ron Kind. Este político presentó un proyecto que
habría recortado US$10.000 millones a lo largo de
cinco años en subsidios y vio cómo fue aplastado en
las plenarias de la Cámara.
Esta semana el precio del trigo para entrega en mayo alcanzó
US$10,33 el bushel. Los ingresos de las granjas
estadounidenses, impulsados por la demanda de granos
de las nuevas clases medias en todo el mundo y por la
industria de los biocombustibles, podrían alcanzar los
US$92.300 millones este año. Aun así, se cree que los
agricultores recibirán US$13.000 millones en subsidios
federales este año, según el Departamento de
Agricultura de EE.UU., incluyendo pagos por
commodities, conservación de tierras y asistencia de
emergencia.
Hace poco más de un año, las estrellas parecían haberse alineado
para lograr cambios significativos a la compleja ley
agraria estadounidense, que concede miles de millones
a agricultores y dueños de tierras para ayudar a
estabilizar los precios de los granos, hacer los
productos más competitivos fuera del país y proveer un
amplio suministro de alimentos.
El presidente George W. Bush, diversos demócratas y una amplia
coalición de grupos de interés tenían estos cambios en
su agenda, pero ahora que el Congreso está por
terminar la nueva ley, su costo será más alto que los
US$250.000 millones de la de 2002.
¿Qué pasó? Los influyentes grupos de interés que consideraron
respaldar los cambios firmaron acuerdos para hacerse
con su propia porción del pastel. Los legisladores que
apoyaron los cambios se arrepintieron a medida que el
debate entraba en un año electoral. Las alianzas
históricas entre legisladores rurales y urbanos
resultaron difíciles de separar. El negocio agrícola
de EE.UU. vertió más de US$80 millones en lobby el año
pasado, según la organización sin ánimo de lucro
Center for Responsive Politics. Buena parte se
concentró en la ley agrícola.
Esta ley, que usualmente se renueva cada cinco años, tiene sus
orígenes en la Gran Depresión, cuando un cuarto de la
población estadounidense vivía en granjas y sufría
extraordinarias dificultades económicas. La ley fue
diseñada como una medida temporal para incrementar sus
ingresos.
Desde entonces, se ha convertido en un paquete de programas
difíciles de cancelar, suministrando pagos y préstamos
especiales a agricultores para contrarrestar las
oscilaciones en los precios de los commodities y
asegurar la estabilidad del mercado, así como los
ingresos. La legislación también se ha convertido en
un vehículo para financiar los cupones de alimentos
que se entregan a personas de escasos recursos, la
conservación de tierras y los comedores escolares,
entre otros programas, atrayendo a partidarios que en
realidad poco o nada tienen que ver con las granjas.
Eso ha ayudado a crear una poderosa alianza que hace que sea muy
difícil cambiar la ley agrícola. La ley agrícola de
2002 fue la más cara de la historia con un pago total
casi equivalente a lo que el gobierno federal dedica
anualmente al Departamento de Educación. Y eso, pese a
que actualmente los agricultores representan menos del
1% de la población estadounidense. La agricultura del
país está dominada por grandes granjas con ventas
anuales de US$1 millón o más. Se cree que los ingresos
promedio de un hogar agrícola alcanzarán los US$90.000
este año, 17% más que el promedio de un hogar
tradicional estadounidense, según el Departamento de
Agricultura de EE.UU. La ley actual otorga subsidios a
los agricultores con ingresos brutos ajustados de
hasta US$2,5 millones.
"Si está dándole una malla de seguridad a los estadounidenses más
acaudalados, no es una malla de seguridad", dice Chuck
Connor, subsecretario de agricultura y principal
negociador de la ley agrícola del gobierno de Bush.
"Creemos que es fundamentalmente erróneo".
Los agricultores alegan que es importante apoyar esta parte vital
de la economía estadounidense. "Lo que es importante
para la economía en general, y nuestra parte en ella,
es mantener una producción agrícola fuerte", asegura
Bob Stallman, presidente de la American Farm Bureau
Federation. Fuente: Reforma.com The Wall Street
Journal Americas
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