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[13.02.08] Debate sobre agricultura
Eugenio Anguiano
La nutrida manifestación habida en la ciudad de México a finales
de enero, en defensa del agro mexicano, de los
cultivos tradicionales del país (“sin maíz no hay
país”) y de la “soberanía alimenticia”, así como de
repudio al Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) en su capítulo agropecuario, nos obligan
a pensar seriamente sobre cuál es realmente la
situación referente a la producción de alimentos, la
productividad en el campo, los ingresos de los
productores y la pobreza rural, y cuál el efecto de
liberar el comercio agropecuario con el exterior, en
particular con los socios de México en el TLCAN:
Estados Unidos y Canadá, dos potencias agrícolas.
En una reciente reunión dedicada a analizar el TLCAN y la
agricultura nacional, tuve oportunidad de escuchar
argumentos sobre programas y políticas agrícolas en
México, datos y tendencias del sector primario de la
economía nacional en los últimos años y sus vínculos
con el exterior, que me llevan a las siguientes
consideraciones.
Desde hace más de 25 años el Estado mexicano inició cambios
radicales en su política económica general,
caracterizados por lo siguiente: una drástica
disminución de su intervención en la economía y
liberalización comercial, de la que el TLCAN fue un
factor esencial. En cuanto al sector agropecuario de
la economía, esas dos tendencias —menos intervención
económica del Estado y liberalización, que llevaron a
la reforma del artículo 27 constitucional y de las
leyes reglamentarias para convertir a los ejidos en
“entes comerciales”— se fundamentaban en un principio
básico de “racionalidad”; a saber, que ningún país,
salvo excepciones confirmatorias de la regla, puede
desarrollarse con una alta proporción de su fuerza de
trabajo dedicada a las actividades agropecuarias, por
lo que debe impulsarse la transferencia de la mano de
obra “sobrante” en la agricultura a actividades
secundarias (industria) y terciarias (servicios),
donde su empleo arrojará mayor rendimiento y por tanto
mejores ingresos para los propios trabajadores.
El gobierno de Carlos Salinas de Gortari implantó reformas
jurídicas y estructurales, y luego negoció el TLCAN,
en el que a último momento se incluyeron productos
tradicionales como maíz y frijol, con el fin de ayudar
a los ejidatarios, minifundistas y pequeños
propietarios agrícolas a transitar desde la
agricultura de subsistencia a la más tecnificada de
uso menos intensivo de mano de obra y destinada a
exportación, tal como hortalizas y frutas, o cárnicos
como pollo y cerdo, de los que México se convirtió en
gran productor mundial. La apertura del mercado —que
en el caso del TLCAN se comenzó a efectuar mucho antes
de enero de 2008— permitiría el ingreso de granos y
oleaginosas a precios más bajos, en volúmenes
suficientes para abastecer la demanda interna, y con
índices óptimos de calidad, fuera para el consumo
humano, animal o para la industrialización.
Los resultados de esa política, reforzada durante el gobierno de
Ernesto Zedillo con varios programas al campo, no
correspondieron a lo esperado. Efectivamente, los
precios internos de los granos básicos tuvieron una
tendencia secular a la baja hasta 2006, año en que
comenzaron a subir de nuevo hasta llegar a los niveles
sin precedente de hoy. La producción nacional de
cereales, en especial maíz, se incrementó en los
primeros años del siglo actual, lo mismo que sus
importaciones.
El motor de tal avance fue la agricultura de riego de alto
rendimiento, representada por una minoría de unidades
de producción y dominada en su comercialización y
procesamiento por unas cuantas grandes empresas que
han establecido un mercado oligopólico en el país. Las
políticas públicas de poyo al campo (créditos y otros)
se han concentrado justamente en esa minoría de
unidades de alto rendimiento y en los monopolios de
comercialización, haciendo altamente regresivo el
respaldo estatal a la agricultura.
La agricultura de temporal recibió la menor proporción de apoyo
crediticio o directo, y aunque su producción no se
desplomó, el desempleo en ella subió en forma muy
rápida. Se ha producido una expulsión de población y
de mano de obra excedente en el sector primario, pero
no en forma económicamente racional. Los “sobrantes”
se han sumado a las filas de los subempleados en los
cinturones de pobreza urbanos y los más hábiles,
jóvenes sin futuro en el campo e incluso mujeres,
engrosaron el flujo de emigrantes a EU.
O sea, que el éxito productivo no ha sido fruto de la apertura,
sino del apoyo gubernamental a unos cuantos y del
aumento de la demanda interna. Por otra parte, la
incapacidad para absorber racionalmente a la población
rural migrante se explica por el fracaso de la
política pública en cuanto a fomentar el crecimiento y
el empleo en el resto de la economía. Hoy tenemos más
de 20 millones de producción de maíz, pero no hay país
en la ruta del desarrollo.
Profesor investigador de El Colegio de México. Fuente:
eluniversal.com.mx
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