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 Nuestra
Portada: Grandes Ligas TLCAN porcícola, 14 entradas de
Arbitraje fallido.
No. 105
Editorial
PARA DEFENSA DE LA PRODUCCION, MEJORES INSTITUCIONES
En la Audiencia Pública del Panel Binacional
México-USA, del 1 de abril pasado, realizado a
instancias del Consejo Mexicano de Porcicultura, se
identificaron diversas irregularidades: integración
indebida del propio Panel, parcialidad, falta de
ética, e inobservancia del sistema jurídico mexicano,
entre otras, como elementos suficientes para exigir la
creación de una Institución que efectivamente defienda
a los productores nacionales de cerdo de las prácticas
desleales de comercio internacional, y un Tribunal en
Comercio Internacional que resuelva esos casos, sobre
todo cuando atentan contra el derecho soberano de los
mexicanos a decidir sobre su producción y abasto de
alimentos, como mandata nuestra Constitución Política.
En la sesión, se observó asimismo que la propia
Secretaría de Economía (SE) ejerce no sólo el control
discrecional de los procedimientos de importación en
contra de la producción agropecuaria nacional, sino
también contra el proceso de demanda de dumping
presentada por los productores de México y hasta en
sus propias revisiones en paneles binacionales, siendo
juez y parte, como fue el caso, de acuerdo a lo
señalado por la doctora en Derecho, Laura Hernández,
representante de los productores de cerdo mexicanos
ante el Panel.
Lo escuchado en la Audiencia Pública es suficiente
para exigir el fin del monopolio en la autorización de
importaciones viciadas con práctica desleal; este
monopolio es el que mantiene inamovibles a
funcionarios que actúan en forma ilegal, con
flagrancia, arbitrariedad y parcialidad, a favor de
intereses extranjeros, contra el desarrollo porcícola
del país en particular y del sector agropecuario
afectado por dichas prácticas de comercio.
La experiencia ofrecida por la Audiencia Pública
obliga a iniciar la revisión de las instituciones que
México tiene para defensa de sus productores
primarios, en el contexto del derecho comercial
internacional y frente a la actual dinámica del
comercio global. Su constitución debe ser debidamente
regulada, ya que si desde su origen presentan
limitaciones, sin acotación alguna, lejos de lograr
defender a los productores primarios los afectará con
sus decisiones, como regularmente lo han hecho
funcionarios en turno de la Unidad de Prácticas
Comerciales Internacionales (UPCI) y de otras áreas de
la SE.
Es indispensable que el Congreso de la Unión considere
la creación de una institución defensora de los
productores contra las prácticas desleales del
comercio internacional y de un Tribunal que resuelva,
en forma expedita, las controversias comerciales que
se susciten con el exterior, especialmente las que
afecten al sector primario productor de alimentos y
otros perecederos, que en el actual contexto mundial
es estratégico para la soberanía y salud de la nación.
Sería un error mantener esas instituciones bajo el
control de esa dependencia federal.
No obstante lo irregular de su conformación y de las
faltas observadas en el Panel, ante la Audiencia
Pública se ventilaron elementos clave de la defensa de
los Porcicultores de México, a quienes, cabe recordar,
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal, en todos los
casos presentados, regularmente les ha otorgado la
razón frente a la ilegalidad de una de las
dependencias responsables de propiciar el crecimiento
económico y social del país.
El Poder Judicial tiene la última palabra y habrá que
asumir las consecuencias de la aplicación de la Ley
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
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